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Denuncian ante la ONU la realidad del conflicto mapuche y la discriminación de este pueblo - Por Ninoska Leiva
23-08-2009
Restitución de tierras inexistentes, exceso de violencia policial en la zona, constante aplicación de la Ley Antiterrorista y negación de un diálogo con los pueblos originarios por parte del gobierno, son sólo parte de los puntos que detallan los informes alternativos que se presentan ante el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas en Ginebra.
En el marco de las sesiones del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas en Ginebra, donde se revisa la situación de Chile en la materia, diversas organizaciones sociales aseguran que existen una serie de deficiencias e incumplimientos en materia de derechos humanos en nuestro país que han sido comentadas al Comité.
Las mayores críticas se dan en el ámbito de los derechos indígenas, donde se acusa al gobierno de escuchar a los empresarios, pero no a los mapuches.
Para el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, existe discriminación en todas las áreas relacionadas con los pueblos originarios, especialmente en materia de tierras, ya que las seiscientas mil hectáreas que el gobierno asegura haber entregado, no han sido concedidas.
Aylwin detalló que “de esas hectáreas, sólo cien mil constituyen una ampliación de tierras que operan a través del fondo de tierras de Conadi, mientras que quinientas mil corresponden básicamente a un saneamiento de tierras antiguas”.
El director del Observatorio Ciudadano agregó que producto de la no implementación de políticas acordes en el tema y el privilegio a grupos económicos, el gobierno es el único culpable de las muertes en el sur de nuestro país.
“El homicidio de Jaime Mendoza Collío a manos de Carabineros era un hecho absolutamente previsible. Ello explica, sin duda, la protesta social. Constatamos la existencia de esta ambigüedad. Por un lado, una política tendiente a ampliar la cabida de las tierras y, por otro lado, el respaldo absoluto a proyectos de inversión extractivos y productivos en territorios indígenas sin su consentimiento”, aseveró.
La idea es plenamente compartida por el miembro de la mesa de trabajo y derechos colectivos mapuches, Sergio Millamán, quien recordó que cuando las autoridades mapuches intentaron dialogar con el gobierno, simplemente no fueron escuchados.
“Las comunidades vinieron hace un mes pidiendo diálogo a las autoridades de gobierno. Empiezan las movilizaciones y viaja el subsecretario del Interior a reunirse con los empresarios y dueños de fundo afectados. El diálogo se genera hacia un lado”, argumentó Millamán.
Durante las últimas jornadas, representantes de organizaciones mapuches, expertos y directores de diversas organizaciones civiles, participaron de las sesiones del Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas en Ginebra, para dar cuenta de los informes alternativos.
Ante esto, la periodista del Observatorio de Pueblos Originarios Paulina Acevedo, reconoció que ya informaron a Ginebra sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte del joven Jaime Mendoza Collío.
“Domingo Lovera, investigador del Centro de Derechos Humanos (de la Universidad Diego Portales), le hizo ver a uno de los comisionados esta situación. Inmediatamente fue consultada la delegación chilena. También se dio cuenta de esta información nueva, de que el disparo (que le quitó la vida a Mendoza) fue realizado por la espalda, que el funcionario (de Carabineros) estaba detenido y había una investigación en curso”, detalló Acevedo.
Otros temas que también fueron abordados por el comité en Ginebra es la negación de derechos de propiedad indígenas por parte del gobierno chileno, además de una serie de denuncias en los tribunales de justicia acerca de abusos y violencia excesiva de fuerzas policiales a comuneros mapuches, las cuales no han sido tomadas en cuenta.
Finalmente, se trató el constante uso de la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado, que según la constitución son de uso excepcional y que, de octubre a la fecha, lleva quince nuevos casos de aplicación a miembros de comunidades indígenas y diez condenados.
