Una colección de “fallos” judiciales - Por Carlos Martínez

Una colección de “fallos” judiciales

Un buen juez no sólo debe ser independiente del resto de poderes, sino también imparcial, es decir, aplicar la ley sin que sus propias convicciones políticas o morales influyan en su decisión. A pesar de que el colectivo judicial sigue movilizándose contra el gobierno bajo la bandera de mejora del servicio público, se han hecho públicas diversas resoluciones judiciales que ponen en duda la imparcialidad de muchos de nuestros jueces. Como recordaba recientemente Nacho Escolar, de los procesos judiciales en marcha nos jugamos todos los ciudadanos tener una justicia independiente, imparcial y de calidad o que la Administración de Justicia se convierta en un búnker de los sectores más reaccionarios de la sociedad. Repasemos algunas de las decisiones judiciales más controvertidas de las últimas semanas:

- El Segura ya no es un río, se ha convertido en una alcantarilla a cielo abierto. Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante denunciaron los vertidos y a quienes parecían ser responsables de este delito ecológico. Tras un largo proceso no ha habido ninguna condena, excepto a los denunciantes a quienes la Audiencia Provincial de Alicante primero y posteriormente el Tribunal Supremo les condena al pago de más de 16.000 euros en concepto de costas procesales. Se ha abierto además una cuenta para que cualquier persona o entidad pueda hacer una aportación económica: 2090 0237 33 0001226810 (CAM). La sentencia afirma que la “No estaba en manos de la Confederación Hidrográfica del Segura la posibilidad de paralizar los vertidos de las poblaciones”, entonces ¿quien puede paralizar un vertido? ¿no hay responsables penales de los múltiples delitos ecológicos que se han acabado con el río Segura?

- En la Audiencia Nacional se siguen, o se han seguido, procesos contra los responsables de diversos genocidios: los cometidos en Argentina, Chile, Guatemala, Ruanda, Palestina, la Alemania nazi, etc... Sin embargo, el Juez Garzón, que inició un proceso para la investigación del genocidio franquista, ha resultado imputado por prevaricación a denuncia de un sindicato ultraderechista sin ninguna implantación en ningún centro de trabajo. La Administración de Justicia, al igual que la Jefatura del Estado, es algo que el franquismo dejó atado y bien atado. Es urgente y necesario que la justicia de otro país inicie el proceso correspondiente para la persecución del delito de genocidio cometido durante décadas en España, ordene la busca y captura de los asesinos que sigan en vida, ponga en marcha la recuperación de los cadáveres de las cunetas españolas y se repare a las víctimas.

- El Código Penal se reformó para que cualquier maltrato en el ámbito domestico por parte del marido a su cónyuge fuera, en todo caso, un delito y nunca una falta. Pues bien, acaba de dictarse sentencia contra el ex-decano de los jueces de Barcelona al que sorpresivamente en lugar de condenarlo por un delito de malos tratos en el ámbito domestico (como habría ocurrido probablemente en el caso de que hubiera sido otro el acusado) se le condena por una falta de lesiones y el pago de unos 300 euros de multa.

- El mayor escándalo judicial ha tenido lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Su presidente, José Luis de la Rua, ha declarado que el presidente de la Generalitat es más que su amigo. A pesar de pertenecer a un cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia, vive en una vivienda dentro de un edificio oficial cuyos gastos los sufraga en su totalidad la Generalitat Valenciana. Este magistrado no ha dudado en criticar la gestión del Gobierno de Madrid y en alabar a la gestión de su amigo Camps. Por ley, el TSJ es el órgano competente para conocer de los delitos que cometa el presidente de la Generalitat Valenciana. Remitida parte de la causa del caso “Gurtel”, en la primera ocasión que tuvo la archivó fundamentándola con una más que dudosa fundamentación jurídica. Fue muy criticado por ello, pero esto no minó la falsa "independencia" del tribunal. Posteriormente, y cuando se remitió un informe policial que incriminaba seriamente al presidente Camps, entre otros, del delito de financiación ilegal del Partido Popular valenciana y desmontaba los fundamentos del auto por el cual se archivaba la causa, este Tribunal no dudó en devolverlo a la Policía, cuando por imperativo legal tiene el deber de perseguir los delitos de los que tenga conocimiento con la agravante, en este caso, que este es el único órgano judicial que debe conocer del caso. El Ministerio Fiscal y las partes acusadoras han recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del magistrado “amigo” de Camps.

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